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Gobierno territorial después de la Guerra Civil
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Con la guerra terminada, el gobierno federal se concentró en mejorar su control en los territorios. Subdividió varios territorios, preparándolos para ser estados, siguiendo los precedentes establecidos por la Ordenanza del Noroeste de 1787. También estandarizó procedimientos y la supervisión de gobiernos territoriales, quitando algunos poderes locales e imponiendo mucha ‘cinta roja’, todo lo cual hizo crecer significativamente a la burocracia.

La participación federal en los territorios era considerable. Además de los subsidios directos, el gobierno mantenía puestos militares, otorgaba seguridad de los ataques indígenas, controlaba las obligaciones de los tratados, hacía censos y ventas de tierras, construía trenes, oficinas, realizó mejoras en los puertos, y subsidió el correo terrestre. Los ciudadanos comenzaron a despreciar al poder federal y su corrupción, pero al mismo tiempo lamentaban que no enviaran más dólares a sus territorios.

Los gobernadores territoriales eran colocados políticos de Washington, por lo cual gobernaban con mano blanda, dejando a las legislaturas los problemas locales. Además de su rol como gobernador civil, también debían ser comandantes militares, superintendentes de asuntos indígenas, y el punto de conexión con las agencias federales. Los legisladores estatales, por otro lado, hablaban por los ciudadanos locales y tenían considerable libertad de acción para hacer leyes locales, con excepción de casos extremos, como cuando el gobierno federal prohibió la poligamia de los mormones en Utah.

Estas mejoras gubernamentales dieron mucho lugar a la especulación. Como Mark Twain escribió mientras trabajaba para su hermano, el secretario de Nevada, ‘El gobierno de mi país desdeña la simplicidad honesta, pero acaricia la villanía artística, y creo que me hubiera convertido en un carterista muy capaz si me quedaba en el servicio público uno a dos años más’. Los ‘anillos territoriales’, asociaciones locales corruptas de políticos y empresarios, se apoyaban en el patronazgo federal, malversando los bienes de tribus y ciudadanos locales, sobre todo en Dakota y Nuevo México.

Gobierno territorial después de la Guerra Civil
Gobierno territorial después de la Guerra Civil

Sistema de tierra Federal

Al adquirir, preparar, y distribuir las tierras públicas a entidades privadas, el gobierno federal siguió el sistema de la Ordenanza de Tierras de 1785. La explotación federal y los equipos científicos se ocupaban del reconocimiento de la tierra y determinaban la cantidad de habitantes nativo-americanos. A través de tratados, los títulos de las tierras serían cedidos a las tribus residentes. Luego los investigadores podrían crear mapas detallados marcando la tierra en cuadrados de seis millas (10 Km.) de cada lado. Los pueblos se formarían a partir de los lotes y se venderían en subastas públicas. La tierra que no se vendiera podría ser comprada en las oficinas de tierra por un precio mínimo de $1,25 por acre.

En teoría, el sistema otorgaría una distribución justa de tierra y reduciría las grandes acumulaciones de tierra a manos de dueños privados. En realidad, los especuladores podían explotar las lagunas jurídicas y adquirir grandes cantidades de tierra. No había límite de compra de tierra no vendida para los especuladores. Además, los habitantes llegaban a menudo antes que los investigadores y se convertían en ocupantes ilegales.

Como parte de la política pública, el gobierno premiaba con tierras a ciertos grupos como los veteranos, a través del uso de las ‘escrituras’. La escritura entró al sistema financiero, a menudo el precio mínimo estaba por debajo de $1,25 por acre, lo que otorgó a los especuladores, inversionistas, y demás conseguir otra manera de adquirir grandes cantidades de tierra a precio barato. La política territorial se politizó por las facciones competitivas y los intereses, y la cuestión de la esclavitud en las nuevas tierras estaba pendiente. Como oposición a los especuladores de tierra, los granjeros formaron ‘clubes de reclamos’ para que les fuera posible comprar terrenos mayores a los 160 acres mediante el intercambio entre ellos con precios controlados.

El gobierno federal también empezó a regalar tierra a los agricultores, las reservas indígenas, las instituciones públicas, y la construcción de trenes. También daba tierras cuando un territorio se convertía en estado, dando 30,000 acres a cada senador y representante.

En 1862 el Congreso aprobó tres proyectos importantes que impactaron en el sistema de tierras. El Acta Homestead garantizaba 160 acres a cada habitante que realizara mejoras en la tierra por cinco años, a los ciudadanos y no-ciudadanos (incluyendo a los ilegales), por cuotas pequeñas. Si se cumplía la residencia de seis meses, el habitante tenía la opción de comprar la parcela por $1.25 por acre. La propiedad podía venderse o hipotecarse, y se podía adquirir tierras vecinas si se deseaba la expansión. Aunque el acata fue todo un éxito, las parcelas de 160 acres no eran suficientes para las necesidades de los granjeros y rancheros del oeste, y tampoco contempló las necesidades de los mineros.

Poco antes de la Fiebre de Oro de California, el gobierno federal decidió dejar la regulación de reclamos mineros a los gobiernos locales. Esto fue revertido por actas posteriores, lo cual ayudó a la adquisición legítima de tierras para cualquier propósito pero también facilitó las cosas para los especuladores y los estafadores, sobre todo en las industrias ganaderas y madereras. Dada la necesidad de conseguir agua para los ranchos, las escaramuzas por los derechos del agua complicaron la situación. Los trenes se llevaban muchas de las mejores tierras, y la tierra disponible para los granjeros no siempre era cultivable o útil para el comercio. En total, solo un tercio de todas las Actas de reclamos agropecuarios completaron el proceso de obtención de un título para sus tierras.

La Concesión del Tren Pacífico otorgó las tierras necesarias para construir el tren transcontinental. Como distintas rutas estaban siendo consideradas, la cantidad de tierra prevista era enorme, más de 174, 000,000 acres.  La tierra dada para los ferrocarriles alternaba con las extensiones distribuidas a los granjeros. En un esfuerzo por ser equitativo, el gobierno federal redujo cada extensión a 80 acres debido al incremento de su valor por la cercanía con el tren. Las líneas de tren tenían hasta cinco años para vender o hipotecar sus tierras, luego se ponían los trayectos y después las tierras que no se habían vendido podían ser compradas por cualquiera. A menudo los trenes vendían algunas de sus tierras gubernamentales a los hacendados para fomentar el establecimiento y el crecimiento de los mercados a los que el tren iba a servir. Sin embargo, la construcción de los trenes era lenta en algunas áreas, lo cual impedía el establecimiento rápido. El Congreso también hizo préstamos a los trenes basados en el kilometraje del tren.

El Acta Morrill otorgó concesiones de tierras para construir instituciones de alta calidad educativa para propósitos agrícolas, en un esfuerzo por estimular el crecimiento rural económico y los programas de educación para sostenerlo. Los estados vendían la mayoría de sus  tierras para ganar fondos para construir las instituciones.

El gobierno federal incluso intentó forestar las praderas para un mejor uso de las tierras infértiles. Basándose en la teoría de que plantar árboles  alteraría el clima lo suficiente como para producir la lluvia necesaria para mantener a los árboles, el gobierno ordenó a los granjeros plantar árboles. Cuando el programa falló debido a las pestes y las sequías, el gobierno pasó a programas más prácticos para desarrollar el riego, aunque el riego a gran escala llegó décadas después. Para 1870, las entregas de tierras crearon preocupaciones acerca del manejo de las tierras públicas que quedaban, sobre todo aquellas de valor único como las del Gran Cañón y Yellowstone, y entonces nació el movimiento de conservación. En 1872, Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional de los EEUU (y del mundo).

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